La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezadas por Karla Obregón Avelar y Noel Díaz Rodríguez, suscribieron un convenio de colaboración entre ambas instituciones, el cual tiene como primera motivación desarrollar acciones conjuntas en el estado de Durango para la promoción, protección y respeto del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.
El fiscal especializado señaló que la corrupción en el sector público es un fenómeno global que afecta a todos los naciones y sociedades del mundo, acentúa la desigualdad social y vulnera los derechos humanos.
“Las instituciones aquí representadas tienen en común su naturaleza jurídica y diseño institucional: son organismos públicos que gozan de autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones; lo cual es fundamental para realizar con eficacia sus funciones de carácter especializado”, señaló.
Manifestó que “en el caso de la fiscalía anticorrupción, las políticas transversales que hemos asumido incluyen el ejercicio de las funciones de procuración de justicia, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; la transparencia y la ética e integridad como principios del servicio público”.
Por su parte la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que “el derecho humano a la paz y una vida libre de corrupción, son pilares fundamentales que se habrán de fortalecer en conjunto con los Derechos Humanos a través de este convenio, el cual también abonará al reciente instalado Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Reiteró que la CEDH es un organismo comprometido a trabajar de la mano junto a la FECCED.
COMPROMISOS
Los compromisos que se establecen en este convenio son: atender las denuncias de hechos de corrupción que puedan ser constitutivos de delito, a través de la recepción de quejas de la ciudadanía por violaciones de derechos humanos; unir esfuerzos para proteger a denunciantes de hechos de corrupción y víctimas del delito de violencia institucional; implementar el desarrollo de talleres, conversatorios y cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos y promover la cultura de la legalidad y el fomento de la ética e integridad en el servicio público.
