- Reformas a la Constitución Política del estado de Durango otorgan a la institución el estatus de órgano público autónomo
Este 30 de octubre fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 132 expedido por la LXIX Legislatura del Congreso del Estado, que contiene reformas y adiciones a la Constitución Política local en materia de órganos constitucionales autónomos.
De esta manera, los artículos 130 y 146 Ter del texto Constitucional reformado establecen que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y contará con autonomía técnica, operativa, financiera y de gestión para investigar y perseguir los hechos que sean materia de actos de corrupción que la ley considera como delitos. Con esta reforma legislativa el Estado de Durango se suma a Campeche, Chihuahua y Yucatán, que contemplan constitucionalmente a las fiscalías anticorrupción como organismos públicos autónomos.
Como antecedente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue creada en el contexto de la reforma constitucional y legal de 2017 para la conformación del Sistema Local Anticorrupción y su diseño institucional arrastraba algunas limitaciones en cuanto a su autonomía.
El citado decreto legislativo, que ya entró en vigor, reconoce a la Fiscalía Especializada como un órgano constitucional autónomo, estatuto similar al otorgado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango.
Según el artículo 130 del Título quinto “De los Órganos Constitucionales Autónomos” de la Constitución de Durango, los órganos constitucionales autónomos tendrán, entre otras atribuciones, iniciar leyes en las materias de su competencia; proponer el proyecto de su presupuesto anual, para que se integre en el Presupuesto de Egresos del Estado; sujetarse al régimen de fiscalización previsto en la Constitución y en las leyes, y rendir ante el Congreso del Estado un informe anual de labores y la cuenta pública.
La autonomía, independencia y especialización son esenciales para el Ministerio Público encargado de investigar y perseguir los delitos de corrupción; características indispensables para desempeñar la función encomendada sin estar expuesto a influencias externas indebidas que propicien impunidad. Por ello, resulta de gran trascendencia el paso dado por el Poder Legislativo de Durango al otorgar el estatus de órgano constitucional autónomo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
